La sabiduría de los políticos mexicanos es tan grande como su cinismo: si la reforma a medios obstruye la reforma electoral a modo de los partidos, que no haya reforma a medios. Toda la semana los consejeros del IFE fueron objeto de hostigamiento. Partidos políticos y medios de comunicación los colocaron en el patíbulo, seguido de una propuesta —aún no terminada de consensuar— de una reforma electoral que recomienda su relevo.
Nada hay mejor para la opinión publicada que la sangre política, y el destino de los nueve consejeros está en el umbral de la carnicería. El PRD quiere cortarle la cabeza a todos, y el PAN desea que sea en partes, y que la renovación sea escalonada. Ya le habían dicho hace unas semanas al presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, que los defenderían hasta el último minuto, aunque nunca le aclararon qué harían después. Pero quien fue solícito jugaba doble cara: fue él mismo quien entregó su cabeza en la negociación partidista.
Ugalde inició la defensa pública de la institución alegando, no sin razón, que la salida de los consejeros pondría en duda la legitimidad de la elección presidencial de 2006, y pidiendo honestidad intelectual a todos los actores políticos en la decisión que estaban por tomar. Mal le fue con los partidos. El PRD se rió de él y el PRI lo descalificó. El PAN se calló y dejó abierta la discusión sobre la legalidad y legitimidad del 2 de julio del año pasado.
Felipe Calderón debe haber calculado que, una vez sentado en la silla presidencial, puede decir lo que quiera la oposición, si a cambio de sus gritos le aprueban su reforma fiscal. En el PRI, donde no había consenso sobre el destino de los consejeros, al final los entregaron por una reforma al régimen fiscal de Pemex, que le dará a la paraestatal 60 mil millones de pesos adicionales a sus ingresos.
El sacrificio de los consejeros del IFE, cuya discusión se mantiene aún sobre cuántos y cómo van a salir, con todas las injusticias que ello entraña —todas las fallas de comunicación política de Ugalde, que generaron lo que los partidos llaman “la pérdida de confianza”, fueron mediante acuerdo firmado con los partidos políticos que ahora lo incineran— no deja de ser un debate mediático. El fondo de la reforma política y eje del desarrollo democrático, la reforma a los medios electrónicos, es lo que tenía enfrentados a todos. Sin esta reforma, que sería el primer paso al cambio radical de la relación entre las poderosas televisoras y la política, no habrá nada. Por ejemplo, las 10 propuestas sobre financiamiento a los partidos que después de una década perdida llevaría a la segunda generación de reformas electorales, tenía al calce la advertencia: “Las propuestas anteriores están sujetas a las decisiones que finalmente se adopten en materia de acceso a televisión y radio, y a la duración de las campañas electorales”. Simple: si no había arreglo con los medios, no habría nada de reformas.
De esta forma, no serían aprobadas las reducciones en los tiempos de campaña a tres meses únicamente, que es una propuesta del PAN, si no se equilibraba toda la balanza en televisión. De otra manera, quien tuviera más dinero es quien mejores posibilidades tendría —si es bien aplicado— de llegar al electorado y obtendría mayores ventajas en la elección. El tema de la reforma a los medios incluía topes al gasto en televisión y radio, que hubiera fiscalización inmediata de las contrataciones y pagos, que se obligara a los concesionarios a dar información a la autoridad electoral, y que sólo el IFE podría contratar, a nombre de los partidos, la propaganda. Todo, dentro de tiempos oficiales y fiscales, lo que significaría que los monumentales ingresos que inyectan los partidos a los medios electrónicos en tiempos electorales se reducirían drásticamente.
Los detalles de cómo lo reglamentarían en la nueva ley eran mantenidos en sigilo. El PAN no quería que se supieran antes de la aprobación de la reforma fiscal para evitar que los medios iniciaran una embestida contra ellos en represalia. Pero esto no era lo único condicionado. El consejero presidente del IFE era parte de la negociación. Por ello, el PRI y el PRD exigían la salida de Ugalde, aunque el problema real de fondo de los partidos no era el que saliera sino el que entrara. El tema era fundamental. Al aprobarse que toda la contratación de los partidos fuera a través del IFE, el presidente consejero tendrá un enorme poder. La designación del titular del instituto, en ese sentido, no sólo tendría que ser consensuado entre los partidos, sino que debería tener el visto bueno de las televisoras.
Menudo arreglo de la peculiar democracia mexicana. Querían frenar a las televisoras regulando su papel definidor y definitorio en la política mexicana, pero le entregaban una parte de la decisión sobre el futuro presidente consejero del IFE al pedirles su visto bueno. Es decir, no tendrían voz, pero sí voto. ¿Y el resto del país? Bien, gracias. Los tres partidos grandes estaban dispuestos a darle a la televisión y a la radio esa zanahoria, pero en realidad el Congreso se quedaría con la mayor parte del pastel. Por ejemplo, quiere imponerle una contraloría general al IFE cuyo titular sería designado por el Congreso y tendría que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación, que también controla el Congreso. Pretende eliminar las comisiones permanentes del Consejo General y crear nuevas, pero fortaleciendo la participación de los partidos políticos y las cámaras. Es decir, el IFE estaría subordinado al Congreso, que reemplazaría a la Secretaría de Gobernación, que controló al instituto en su inicio, en la parte final del autoritarismo mexicano, y reduciría, si no eliminaría, el carácter ciudadano por el que tanto se luchó.
En la noche del miércoles los tres grandes partidos ya habían llegado al consenso final, en lo general, y habían aplastado a los cinco partidos pequeños, sin importarles mucho si jalarían con ellos en la iniciativa final o si se retirarían de la mesa de negociación, como sucedió el jueves. Lo que sí les importaba era el eventual enfrentamiento con las televisoras. Cuando las televisoras se empezaron a poner nerviosas al darse cuenta lo que les iba a significar la reforma, comenzaron a presionar. Los partidos vieron que no iban a poder sacar una reforma electoral si mantenían la reforma a los medios. ¿Qué hicieron? Eliminaron de la iniciativa de ley toda la parte correspondiente a los medios. Es decir, el detonante de una reforma electoral de fondo y su trascendencia fue negociada. Los políticos, es cierto, son como las moscas, se mueren a periodicazos o, en este caso, a noticierazos.
La reforma electoral generó múltiples batallas, donde entre los acuerdos políticos positivos de fondo se mezclaron con posiciones políticas más particulares que colectivas, e ingredientes personales que están modelando el siguiente paso en la minada democracia mexicana. Pero, ¿de qué nos sorprendemos? Aspectos de coyuntura y cortoplacistas dominaron la redacción de las constituciones mexicanas, algunos de cuyos lastres seguimos cargando. La reforma electoral de 2007 no escapa de esos condicionantes humanos. Después de todo, la democracia es lo menos que están construyendo.
Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
Nada hay mejor para la opinión publicada que la sangre política, y el destino de los nueve consejeros está en el umbral de la carnicería. El PRD quiere cortarle la cabeza a todos, y el PAN desea que sea en partes, y que la renovación sea escalonada. Ya le habían dicho hace unas semanas al presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, que los defenderían hasta el último minuto, aunque nunca le aclararon qué harían después. Pero quien fue solícito jugaba doble cara: fue él mismo quien entregó su cabeza en la negociación partidista.
Ugalde inició la defensa pública de la institución alegando, no sin razón, que la salida de los consejeros pondría en duda la legitimidad de la elección presidencial de 2006, y pidiendo honestidad intelectual a todos los actores políticos en la decisión que estaban por tomar. Mal le fue con los partidos. El PRD se rió de él y el PRI lo descalificó. El PAN se calló y dejó abierta la discusión sobre la legalidad y legitimidad del 2 de julio del año pasado.
Felipe Calderón debe haber calculado que, una vez sentado en la silla presidencial, puede decir lo que quiera la oposición, si a cambio de sus gritos le aprueban su reforma fiscal. En el PRI, donde no había consenso sobre el destino de los consejeros, al final los entregaron por una reforma al régimen fiscal de Pemex, que le dará a la paraestatal 60 mil millones de pesos adicionales a sus ingresos.
El sacrificio de los consejeros del IFE, cuya discusión se mantiene aún sobre cuántos y cómo van a salir, con todas las injusticias que ello entraña —todas las fallas de comunicación política de Ugalde, que generaron lo que los partidos llaman “la pérdida de confianza”, fueron mediante acuerdo firmado con los partidos políticos que ahora lo incineran— no deja de ser un debate mediático. El fondo de la reforma política y eje del desarrollo democrático, la reforma a los medios electrónicos, es lo que tenía enfrentados a todos. Sin esta reforma, que sería el primer paso al cambio radical de la relación entre las poderosas televisoras y la política, no habrá nada. Por ejemplo, las 10 propuestas sobre financiamiento a los partidos que después de una década perdida llevaría a la segunda generación de reformas electorales, tenía al calce la advertencia: “Las propuestas anteriores están sujetas a las decisiones que finalmente se adopten en materia de acceso a televisión y radio, y a la duración de las campañas electorales”. Simple: si no había arreglo con los medios, no habría nada de reformas.
De esta forma, no serían aprobadas las reducciones en los tiempos de campaña a tres meses únicamente, que es una propuesta del PAN, si no se equilibraba toda la balanza en televisión. De otra manera, quien tuviera más dinero es quien mejores posibilidades tendría —si es bien aplicado— de llegar al electorado y obtendría mayores ventajas en la elección. El tema de la reforma a los medios incluía topes al gasto en televisión y radio, que hubiera fiscalización inmediata de las contrataciones y pagos, que se obligara a los concesionarios a dar información a la autoridad electoral, y que sólo el IFE podría contratar, a nombre de los partidos, la propaganda. Todo, dentro de tiempos oficiales y fiscales, lo que significaría que los monumentales ingresos que inyectan los partidos a los medios electrónicos en tiempos electorales se reducirían drásticamente.
Los detalles de cómo lo reglamentarían en la nueva ley eran mantenidos en sigilo. El PAN no quería que se supieran antes de la aprobación de la reforma fiscal para evitar que los medios iniciaran una embestida contra ellos en represalia. Pero esto no era lo único condicionado. El consejero presidente del IFE era parte de la negociación. Por ello, el PRI y el PRD exigían la salida de Ugalde, aunque el problema real de fondo de los partidos no era el que saliera sino el que entrara. El tema era fundamental. Al aprobarse que toda la contratación de los partidos fuera a través del IFE, el presidente consejero tendrá un enorme poder. La designación del titular del instituto, en ese sentido, no sólo tendría que ser consensuado entre los partidos, sino que debería tener el visto bueno de las televisoras.
Menudo arreglo de la peculiar democracia mexicana. Querían frenar a las televisoras regulando su papel definidor y definitorio en la política mexicana, pero le entregaban una parte de la decisión sobre el futuro presidente consejero del IFE al pedirles su visto bueno. Es decir, no tendrían voz, pero sí voto. ¿Y el resto del país? Bien, gracias. Los tres partidos grandes estaban dispuestos a darle a la televisión y a la radio esa zanahoria, pero en realidad el Congreso se quedaría con la mayor parte del pastel. Por ejemplo, quiere imponerle una contraloría general al IFE cuyo titular sería designado por el Congreso y tendría que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación, que también controla el Congreso. Pretende eliminar las comisiones permanentes del Consejo General y crear nuevas, pero fortaleciendo la participación de los partidos políticos y las cámaras. Es decir, el IFE estaría subordinado al Congreso, que reemplazaría a la Secretaría de Gobernación, que controló al instituto en su inicio, en la parte final del autoritarismo mexicano, y reduciría, si no eliminaría, el carácter ciudadano por el que tanto se luchó.
En la noche del miércoles los tres grandes partidos ya habían llegado al consenso final, en lo general, y habían aplastado a los cinco partidos pequeños, sin importarles mucho si jalarían con ellos en la iniciativa final o si se retirarían de la mesa de negociación, como sucedió el jueves. Lo que sí les importaba era el eventual enfrentamiento con las televisoras. Cuando las televisoras se empezaron a poner nerviosas al darse cuenta lo que les iba a significar la reforma, comenzaron a presionar. Los partidos vieron que no iban a poder sacar una reforma electoral si mantenían la reforma a los medios. ¿Qué hicieron? Eliminaron de la iniciativa de ley toda la parte correspondiente a los medios. Es decir, el detonante de una reforma electoral de fondo y su trascendencia fue negociada. Los políticos, es cierto, son como las moscas, se mueren a periodicazos o, en este caso, a noticierazos.
La reforma electoral generó múltiples batallas, donde entre los acuerdos políticos positivos de fondo se mezclaron con posiciones políticas más particulares que colectivas, e ingredientes personales que están modelando el siguiente paso en la minada democracia mexicana. Pero, ¿de qué nos sorprendemos? Aspectos de coyuntura y cortoplacistas dominaron la redacción de las constituciones mexicanas, algunos de cuyos lastres seguimos cargando. La reforma electoral de 2007 no escapa de esos condicionantes humanos. Después de todo, la democracia es lo menos que están construyendo.
Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
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