Itinerario Político
Ricardo Alemán
14 de noviembre de 2006
Ahora resulta que el cambio del Ejecutivo Federal es un asunto de contentillo para un partido político, que actúa como pandilla.
Cuando faltan 17 días para que arranque de manera formal el gobierno de Felipe Calderón, pende de alfileres la protesta constitucional del nuevo presidente ante el Congreso de la Unión. Y es que contra la más elemental civilidad política, y en sentido contrario al orden jurídico que obliga a todos los encargados del poder público -como diputados y senadores-, el PRD se propone impedir "a como dé lugar", que el 1 de diciembre Felipe Calderón proteste como nuevo presidente.
Ahora resulta que el cambio del Ejecutivo federal -que incluye la transmisión de la banda presidencial del mandatario saliente al entrante, y la protesta de ley del nuevo presidente- es un asunto de contentillo para un partido político como el PRD, que en la práctica actúa como pandilla facciosa e inconstitucional, y en los hechos convierte en rehenes de sus venganzas políticas no sólo a las representaciones popular y de la Unión, sino a los tres poderes.
Pleito de callejón en el que la pandilla a la que le arrebataron la novia se propone vengar, "a como dé lugar", el orgullo lastimado. Comedia digna de payasos de circo que cumpliría con creces su cometido -arrancar la carcajada del graderío-, si no es porque en el fondo se trata de una estampa monumental que retrata de cuerpo completo el tamaño y el talante del PRD, de sus líderes parlamentarios y dirigentes nacionales, ventrílocuos del dueño real de ese partido, el señor López Obrador, que es la mano detrás del guiñol.
A la comedia de la "toma de posesión" de López Obrador como "presidente legítimo" -prevista para el 20 de noviembre- le sigue la tragedia de un partido político como el PRD, que abrazó la democracia como origen y destino y cuyos dirigentes, líderes parlamentarios, aliados y simpatizantes mediáticos parecen empeñados en convertirlo en caricatura de la izquierda mexicana. Esquizofrenia política más que rebeldía legítima de quienes se dicen agraviados. Primero inventaron un fraude que nunca probaron. Luego declararon "legítimo" a su jefe, pero no dejaron sus cargos en el Congreso. Más adelante financian desde el Congreso el circo del "legítimo", para luego incumplir con el mandato por el que protestaron, al impedir el cambio de Poder Ejecutivo y no cumplir la ley fundamental de la que, casualmente, se desprende su legitimidad como partido y como legisladores. Esquizofrenia extrema. Venganza colectiva.
En una democracia que se respete, con políticos y partidos serios y liderazgos en manos de verdaderos demócratas, la transmisión del Poder Ejecutivo federal -en un caso como el mexicano- no debía ser tema a discusión, en tanto esa transmisión de poderes se reglamenta por la Carta Magna. Pero el ánimo del PRD y de su dueño es confirmar que Calderón es un presidente "ilegítimo" y "espurio", no sólo por el supuesto fraude, sino porque no cumplió con el artículo 87 constitucional.
Y no, contra lo que suponen algunos, no sólo se trata de un ritual de la cultura política mexicana -transmitir la banda presidencial, que señala al depositario de la jefatura del gobierno y el Estado; y la protesta ante las representaciones popular y del pacto de la Unión-, sino que es un mandato constitucional. Dice el 87 de la Carta Magna: "El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: ´Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande´".
Así, "protestar ante el Congreso de la Unión" es un mandato constitucional, ineludible para las partes. El Congreso, a su vez, no es un símbolo sino un poder paralelo, que acota, sanciona y vigila a aquél, y cuya sede para ese acto es el Palacio Legislativo. El depositario del gobierno y el Estado protesta ante las cámaras del Congreso de la Unión -una vez que se le coloca la banda presidencial-, no porque se trate de un ritual, sino porque en ese acto -que reúne a los depositarios de los tres poderes- se ratifica no sólo el pacto de la Unión, que representan el Senado y los gobernadores ahí presentes, el respeto a la ley fundamental, sino que la nación mexicana tiene su asiento y su fuente de origen en la voluntad popular. Suponer que se trata de un mero rito es negar el acuerdo republicano, de división de poderes, fundado en la voluntad popular expresada en las urnas.
Esa es la trampa, la estratagema del PRD y de su dueño, López Obrador, quienes por la fuerza pretenden hacer rehenes a los tres poderes para incumplir un mandato constitucional que, al cumplirse, ratifica que Felipe Calderón y su gobierno son producto del mandato popular depositado en las urnas. Si no se cumple ese mandato constitucional, AMLO podrá presumir que Calderón y su gobierno son "ilegítimos", porque él, López Obrador es el presidente "legítimo" al que proclamó el pueblo. Se quiere aparentar que la farsa de AMLO es legítima. Pero en política la farsa dura poco. Al tiempo.
Ricardo Alemán
14 de noviembre de 2006
Ahora resulta que el cambio del Ejecutivo Federal es un asunto de contentillo para un partido político, que actúa como pandilla.
Cuando faltan 17 días para que arranque de manera formal el gobierno de Felipe Calderón, pende de alfileres la protesta constitucional del nuevo presidente ante el Congreso de la Unión. Y es que contra la más elemental civilidad política, y en sentido contrario al orden jurídico que obliga a todos los encargados del poder público -como diputados y senadores-, el PRD se propone impedir "a como dé lugar", que el 1 de diciembre Felipe Calderón proteste como nuevo presidente.
Ahora resulta que el cambio del Ejecutivo federal -que incluye la transmisión de la banda presidencial del mandatario saliente al entrante, y la protesta de ley del nuevo presidente- es un asunto de contentillo para un partido político como el PRD, que en la práctica actúa como pandilla facciosa e inconstitucional, y en los hechos convierte en rehenes de sus venganzas políticas no sólo a las representaciones popular y de la Unión, sino a los tres poderes.
Pleito de callejón en el que la pandilla a la que le arrebataron la novia se propone vengar, "a como dé lugar", el orgullo lastimado. Comedia digna de payasos de circo que cumpliría con creces su cometido -arrancar la carcajada del graderío-, si no es porque en el fondo se trata de una estampa monumental que retrata de cuerpo completo el tamaño y el talante del PRD, de sus líderes parlamentarios y dirigentes nacionales, ventrílocuos del dueño real de ese partido, el señor López Obrador, que es la mano detrás del guiñol.
A la comedia de la "toma de posesión" de López Obrador como "presidente legítimo" -prevista para el 20 de noviembre- le sigue la tragedia de un partido político como el PRD, que abrazó la democracia como origen y destino y cuyos dirigentes, líderes parlamentarios, aliados y simpatizantes mediáticos parecen empeñados en convertirlo en caricatura de la izquierda mexicana. Esquizofrenia política más que rebeldía legítima de quienes se dicen agraviados. Primero inventaron un fraude que nunca probaron. Luego declararon "legítimo" a su jefe, pero no dejaron sus cargos en el Congreso. Más adelante financian desde el Congreso el circo del "legítimo", para luego incumplir con el mandato por el que protestaron, al impedir el cambio de Poder Ejecutivo y no cumplir la ley fundamental de la que, casualmente, se desprende su legitimidad como partido y como legisladores. Esquizofrenia extrema. Venganza colectiva.
En una democracia que se respete, con políticos y partidos serios y liderazgos en manos de verdaderos demócratas, la transmisión del Poder Ejecutivo federal -en un caso como el mexicano- no debía ser tema a discusión, en tanto esa transmisión de poderes se reglamenta por la Carta Magna. Pero el ánimo del PRD y de su dueño es confirmar que Calderón es un presidente "ilegítimo" y "espurio", no sólo por el supuesto fraude, sino porque no cumplió con el artículo 87 constitucional.
Y no, contra lo que suponen algunos, no sólo se trata de un ritual de la cultura política mexicana -transmitir la banda presidencial, que señala al depositario de la jefatura del gobierno y el Estado; y la protesta ante las representaciones popular y del pacto de la Unión-, sino que es un mandato constitucional. Dice el 87 de la Carta Magna: "El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: ´Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande´".
Así, "protestar ante el Congreso de la Unión" es un mandato constitucional, ineludible para las partes. El Congreso, a su vez, no es un símbolo sino un poder paralelo, que acota, sanciona y vigila a aquél, y cuya sede para ese acto es el Palacio Legislativo. El depositario del gobierno y el Estado protesta ante las cámaras del Congreso de la Unión -una vez que se le coloca la banda presidencial-, no porque se trate de un ritual, sino porque en ese acto -que reúne a los depositarios de los tres poderes- se ratifica no sólo el pacto de la Unión, que representan el Senado y los gobernadores ahí presentes, el respeto a la ley fundamental, sino que la nación mexicana tiene su asiento y su fuente de origen en la voluntad popular. Suponer que se trata de un mero rito es negar el acuerdo republicano, de división de poderes, fundado en la voluntad popular expresada en las urnas.
Esa es la trampa, la estratagema del PRD y de su dueño, López Obrador, quienes por la fuerza pretenden hacer rehenes a los tres poderes para incumplir un mandato constitucional que, al cumplirse, ratifica que Felipe Calderón y su gobierno son producto del mandato popular depositado en las urnas. Si no se cumple ese mandato constitucional, AMLO podrá presumir que Calderón y su gobierno son "ilegítimos", porque él, López Obrador es el presidente "legítimo" al que proclamó el pueblo. Se quiere aparentar que la farsa de AMLO es legítima. Pero en política la farsa dura poco. Al tiempo.
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